La Comisión Europea ha recomendado al estado español la sustitución del régimen actual por uno de responsabilidad compartida en la gestión de los residuos de cara a garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco de Residuos. La recomendación la publicó en el documento BIPRO-final report, sobre la “Asistencia a la Comisión en la evaluación de los Planes de Gestión de Residuos y en el apoyo y seguimiento del cumplimiento de la Directiva Marco de Residuos”.
El actual modelo de “responsabilidad delegada” recogido en el apartado 8 del artículo 17 de la Ley 22/2011, que establece que “la responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos”, no garantiza ni la correcta gestión, ni la trazabilidad de los mismos.
Así lo afirma ACLIMA, la Asociación Cluster de industrias de medio ambiente de Euskadi, en un artículo en el que avisa de que en los últimos años se han identificado algunas malas prácticas que avocan a revisar el modelo de responsabilidad en la cadena de gestión del residuo establecido por la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
VENTAJAS DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
En el informe “Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos: hacia un modelo de responsabilidad compartida”, realizado por Ekoiure y encargado por parte de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales – ASEGRE, se destaca especialmente el modelo de gestión de residuos practicado en el Estado francés como ejemplo de buenas prácticas en gestión de residuos peligrosos, en base a su estrategia de responsabilidad compartida de los agentes en toda la cadena de gestión.
El “régimen de responsabilidad compartida” aplicado en Francia y otros Estados miembros (Alemania, Reino Unido) regula que el productor de residuos comparta la responsabilidad del destino final de los residuos, aunque estos puedan ser gestionados por agentes intermedios. Esta medida añade un sistema extra de control sobre toda la cadena de gestión de residuos y propicia un efecto de autorregulación, que a su vez puede respaldar un enfoque más basado en el riesgo por parte de las autoridades. Todo ello porque esta responsabilidad fomenta las auditorías entre los actores de la cadena para garantizar una correcta gestión del residuo hasta su valorización o eliminación final.