El cambio normativo que entró en vigor a finales del mes de enero y que afecta a la regulación de los vehículos al final de su vida útil ha sido muy bien recibida por el sector de desguazadores y reciclaje del automóvil, englobados en la asociación Aedra. Una de las principales novedades que ofrece el Real Decreto aprobado por el Gobierno es que da más garantías para el control de las piezas de recambio, según explican asociados de Aedra en Burgos, que cuenta en la actualidad con 12 CAT (Centro Autorizado de Tratamiento).

Con la nueva normativa, el sector espera que se pueda combatir el mercado ilegal que campa a sus anchas a través de internet y que tiene como un importante punto de entrada y salida los talleres ilegales. Hay que recordar que, el pasado año, la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur) denunció la existencia de 40 talleres clandestinos. Esta, junto con los vehículos que se dan de baja temporal, que es «la mayor fuente de fraude, ya que no hay una trazabilidad», explican desde el sector.

Según las cifras de la Dirección General de Tráfico, y de Sigrauto (Asociación Española para el tratamiento medioambiental de los vehículos fuera de uso) en Burgos hay dados de baja 5.514 vehículos, de los más de 4.930 son turismos. Los vehículos que están de baja temporal están «en un limbo porque no es residuo y no se le exige que especifique dónde está vehículo». Otra puerta trasera es la que tiene que ver con los vehículos exportados para desguazar en España y «tampoco están controlados». Una de las consecuencias de que un vehículo lleve una pieza que no ha pasado por un centro autorizado es que si tiene un accidente puede ocurrir que el seguro no se haga cargo del siniestro.

Con el nuevo Real Decreto, el control de las piezas será mayor también porque el Seprona de la Guardia Civil, en las inspecciones habituales que realice de los talleres, igual que se exige un control sobre el tratamiento de los residuos, también se podrán pedir facturas de las piezas, para poder determinar si proceden de un centro autorizado de tratamiento.

Otra de las novedades que incluye la normativa recientemente aprobada es que a partir del mes de junio será obligatorio dar de baja en un CAT vehículos como motos, camiones, autobuses o cosechadoras, que hasta ahora no era obligatorio que se llevaran a un centro autorizado. Una manera, apuntan desde el sector, de evitar otro limbo que no regulaba la anterior normativa.

Los centros también que tendrán que ponerse al día con la aprobación de la nueva normativa. Por ejemplo, tendrán un plazo de seis meses para renovar la licencia ambiental.

A partir de ahora se abre un periodo de negociación entre el sector y el Gobierno regional. Está previsto que en el mes de mayo haya una reunión con la Consejería para conocer de qué manera se aplicará en Castilla y León la normativa estatal. En ese encuentro, también está previsto que el sector muestre su punto de vista sobre el grado de cumplimiento de las tasas de reciclado y de recuperación, así como el sobrecoste que puede suponer el reciclado de determinados componentes. En un sector, recuerda, que ha sido también víctima de la crisis económica.

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