Un total de 154 colegios e institutos de la red pública valenciana tienen estructuras de fibrocemento. Se trata de un material potencialmente peligroso para la salud cuando se deteriora que está prohibido desde hace años en España.
La coordinadora general de Esquerra Unida (EU), Marga Sanz, ha dado a conocer estos datos este viernes, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ordenara a la Consejería de Educación facilitar los datos a este grupo político, tras la negativa previa.
La Generalitat es titular de 1.696 centros escolares, de ellos casi 1.300 de Educación Infantil y Primaria. El número de centros afectados, por tanto, es superior al 9%.” Ahora empezamos a saber los motivos de la opacidad de la consejera. Desde EUPV tuvimos que interponer un recurso ante el TSJ porque Català no quería entregarnos esta información, y ahora ya sabemos por qué”, ha señalado.
Sanz ha anunciado que registrará una nueva batería de preguntas y solicitudes y también exigirá a Català un registro público con una relación completa de las instalaciones con fibrocemento y el grado de peligrosidad.
Sanz ha calificado de “sumamente preocupante” el número de centros afectados, y ha anunciado que registrará una nueva batería de preguntas y solicitudes y exigirá un registro público con una relación completa de las instalaciones con fibrocemento y el grado de peligrosidad.
Català ha abordado la cuestión en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell, limitándose a reconocer la magnitud del problema y asegurando que hay en marcha un plan para ir eliminando progresivamente el fibrocemento.
Esquerra Unida ha recordado la investigación realizada en el colegio Ciudad de Bolonia, en la que con fecha de 6 de agosto de 2013, el teniente fiscal advertía a la Consejería de Educación de que si no actuaba podía incurrir en “responsabilidades penales”. Y también el instituto Jaume I de Alzira, donde tres alumnos resultaron heridos en diciembre de 2012 por el derrumbe de un techo que tenía dicho material.
La Generalitat retiró finalmente en abril de este año la uralita histórica de este colegio de Valencia. Menos suerte han tenido en el colegio López Rosat, también en la capital autonómica, donde padres, profesores y alumnos llevan años reivindicando su retirada.
“El deplorable estado de conservación de las placas de fibrocemento existentes en el gimnasio y en el patio”, de este colegio ” y ante la falta de actuación de las administraciones públicas competentes”, la FE CCOO PV recurrió en julio a la Fiscalía para que determine la posible responsabilidad penal de las administraciones ante un posible delito contra la salud pública y el medio ambiente.
FE CCOO PV actuó así tras años de reclamaciones, ya que en 2007 solicitó “con carácter de urgencia” a la Dirección Territorial Educación, Cultura y Deporte de Valencia la elaboración de un plan de diagnóstico y catalogación de centros escolares para detectar la presencia de materiales constructivos que pudiesen contener amianto. “Ese mismo año, les exigimos la puesta en marcha de un plan de actuación urgente para que procediese a la retirada de los materiales constructivos, detectados en los centros educativos públicos, que contuviesen fibras de amianto: pérgolas, tejados, cubiertas, aislamientos, revestimientos, etc”, explicaban desde este sindicato.
Recientemente, recordaba el sindicato, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obligó a la Conselleria de Educación a diagnosticar los centros educativos que contienen fibras de amianto en sus instalaciones pero sabemos que esto puede dilatarse en el tiempo “in sécula secólorum”.
La portavoz de EU en las Cortes , Marga Sanz, ha subrayado que por seis veces el tribunal superior ha condenado “la absurda opacidad de la consejería de Educación”. La “información pública”, ha agregado, “es de todos, no es propiedad ni de Maria José Català ni del PP. Y en este caso, todavía es más grave, cuando se trata de información tan preocupante”.
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