Reforma de la ley del “seguro medioambiental” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente

La ley de 2007, obligaba a las empresas que tenían potencial contaminador a tener un seguro que les cubriera en caso de accidente. Siguiendo con el principio “quien contamina, paga”. La cuantía del seguro oscilaba en función del posible daño medioambiental que la empresa pudiera hacer al medio ambiente. Bajo esta ley, estaban obligados a contratar seguro 320.000 operadores. La reforma del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, rebaja esta cifra un 98%. Sólo deberán suscribir seguro de forma obligatoria 5470 empresas.
La anterior ley, no se llegó a aplicar realmente, ya que se iban ampliando los plazos. Ahora se exime a las empresas con bajo potencial de daño medioambiental y bajo nivel de accidentalidad. Pero las cementeras, grandes químicas, centrales de energía, y demás, seguirá siendo obligatorio el “seguro verde”. Se dispensa a 315.000 actividades aproximadamente.
La nueva ley promulga la voluntariedad en la suscripción de la póliza, y reduce al máximo las actividades sujetas a la garantía. Además es el operador quien analiza el riesgo de su actividad, y establece la cantidad de la garantía. (En lugar de ser el Estado quien fije la responsabilidad de cada empresa.)
Estas medidas, no han estado ausentes de críticas, Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, opina que el principio de quien contamina paga, se desvirtúa, y pasa de ser obligatorio a ser voluntario. Las pólizas de los seguros dan cierta garantía a la hora de cubrir los daños realizados por los operadores. La experiencia demuestra sin seguro, nadie se hace cargo.
En 2007, la ley trasponía una directiva europea en la cual se dejaba a los Estados Miembros a decidir la obligatoriedad de las garantías. España al exigir el seguro, se trataba de un requerimiento excesivo. Ahora, el ministerio procura que sean las empresas con mayor potencial de generar daños o mayor nivel de accidentalidad, las que estén obligadas a proveerse de un seguro, que por su propio bien, les cubra de los daños que produzcan. Y aunque es voluntario, la Administración puede revisarlo.
Fuente: ElPaís